La consolidación de estos «desiertos» evidencia que la democratización de la lectura en Ecuador es, por ahora, una promesa inconclusa y un derecho fragmentado. El hecho de que siete de cada diez libros se vendan exclusivamente en el eje Quito-Guayaquil genera un círculo vicioso de invisibilidad: las editoriales independientes, que ya operan con márgenes de ganancia mínimos, se enfrentan a costos de transporte elevados y a una alarmante falta de puntos de venta confiables en el resto del país. Ante este riesgo financiero, los sellos optan por no enviar novedades a las denominadas provincias «secundarias», concentrando sus esfuerzos donde el retorno está garantizado.
Esta decisión logística, aunque comprensible desde lo administrativo, tiene consecuencias culturales devastadoras. Al mismo tiempo que la oferta desaparece, los lectores de estas regiones, al encontrarse repetidamente con estanterías vacías o limitadas a textos escolares, dejan de buscar activamente literatura contemporánea. Esta desconexión provoca una atrofia en el hábito lector de comunidades enteras; no es que en las provincias no se quiera leer, es que el sistema ha dejado de ofrecerles qué leer, convirtiendo el acto de comprar un libro en una tarea de importación interna.
Esta centralización no solo castiga al consumidor, sino que también ejerce una censura indirecta que silencia la producción local regional. Existe una brecha de oportunidad injusta: un autor que escribe desde El Coca, Tulcán o Macas tiene infinitamente menos posibilidades de ver su propia obra exhibida en las vitrinas de su ciudad natal que un autor capitalino. Esta falta de vitrinas locales impide que se creen referentes cercanos, reforzando la idea de que la cultura «importante» solo sucede en las metrópolis.
Romper esta «geografía del abandono» requiere una reestructuración profunda que vaya más allá del esfuerzo privado. Es necesaria una política pública robusta que incentive la creación de redes de pequeñas librerías de barrio y puntos de lectura en provincias alejadas, quizás mediante subsidios al transporte de carga cultural o beneficios fiscales para libreros rurales. Mientras el mapa editorial ecuatoriano siga funcionando como un binomio rígido entre dos ciudades, la literatura nacional seguirá siendo, lamentablemente, un privilegio determinado por la clase social y la ubicación geográfica, en lugar de ser el derecho cultural universal y accesible que nuestra Constitución y la Ley de Cultura prometen a todos los ecuatorianos.
«El centralismo literario crea ciudadanos de segunda categoría cultural; donde no llega el libro, se marchita la posibilidad de imaginar un país que nos incluya a todos.»